jueves, 11 de agosto de 2011

Macri y el negocio de la intimidad

Continuando con los negocios para los medios oligopólicos, Macri decidió nuevamente darles una manito. Esta vez, con la escusa de la inseguridad, decidió colocar cámaras en cientos de puntos de la Ciudad para filmar lo que cotidianamente ocurre. ¿Dónde radica el problema?, podría preguntarse un crédulo ciudadano. El problema, que seguramente podríamos llamar ilícito, ya que viola algunas leyes, es que cederá esas imágenes a los canales. Si, adivina a cuales... Tu imagen, sin previo aviso, sin que lo sepas y sin tu autorización podrá difundirse por la televisión. Y por si esto fuera poco, Macri no iba a olvidarse de esos molestos estudiantes que, reclamando por una mejor educación y condiciones dignas para estudiar, toman colegios y se manifiestan en la vía pública. Qué mejor que filmarlos. La imagen de tu hijo, si el de primaria, si el de preescolar también, va a ser cedida a los canales para que la difundan. ¿Te parece violento? ¿Te parece indignante? ¿Te parece que viola  principios básicos de la intimidad de las personas? ¿Te parece que la imagen de un menor debería ser objeto de protección, para proteger al chico? ¿Te parece que la imagen de las personas debería estar protegida? Lo está... ¿Y? Es un gran negocio. Miles de millones de pesos destinados a circuitos de televisión, cámaras, transmisión de imágenes y almacenamiento, entre otras cosas. Y lo más importante, el blindaje mediático de las atrocidades que comete el gobierno de Macri, y la propaganda gratuita en diarios y televisión de los medios oligopólicos por cuatro años. todo esto sólo por violar algunas leyes y exponer a la gente y a los menores públicamente aún a riesgo de su seguridad. Un costo que desde la gobernación de Macri están más que dispuestos a afrontar.
LQNTE


Padres de alumnos presentaron un amparo contra cámaras en escuelas

Con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación, solicitaron que no se instalen en los colegios donde asisten sus hijos. El gobierno porteño pretende ponerlos en 90 establecimientos.

Un grupo de padres de alumnos de tres escuelas públicas presentó ayer, con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), una acción de amparo ante la justicia para que se prohíba la instalación de cámaras en esos establecimientos educativos como pretende, y ya concesionó, el gobierno porteño para un total de 90 colegios y otros 240 edificios de la ciudad.
El escrito, que quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 que subroga la jueza Elena Liberatori, busca “garantizar plenamente derechos personalísimos de raigambre constitucional, de nuestros hijos”, entre los que mencionan el derecho a la intimidad de los niños y reserva de la propia imagen, según el texto al que accedió Tiempo Argentino.
El recurso solicita una medida cautelar que suspenda el plan para tres escuelas del distrito escolar 6 que implicará en total una inversión aproximada de 532 millones de pesos para instalar circuitos cerrados para vigilar y almacenar imágenes en bases de datos de empresas privadas que ya ganaron una compulsa pública, que lanzó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Desde el organismo que conduce el ex fiscal Guillermo Montenegro descalificaron la presentación “porque no tiene fundamentos. Si se ponen cámaras o se hacen senderos seguros son para dar más seguridad, no para espiar a nadie”, explicó una fuente oficial a este diario.
La presentación judicial advierte que en las constancias públicas “nada dicen sobre el destino que tienen las filmaciones que claramente caen bajo el marco jurídico del principio constitucional del habeas data”. “En el caso que traemos –agrega el recurso–, los destinatarios de dicha vigilancia, no serán exclusivamente los bienes de los establecimientos, y tratándose del ámbito en que nuestros hijos desarrollan su vida educativa, el descuido, por parte de la accionada es notable. Estas cámaras se suman a las que funcionan en la vía pública, cuyo antecedente inmediato señala que dichas imágenes de espacios públicos, fueron cedidos a los canales privados de televisión para su explotación”.
También se subraya que en los pliegos de licitación “como única medida de seguridad” se establece que no pueden resultar adjudicatarios de la vigilancia “aquellas sociedades cuyos directores posean condena firme penal económica. Así, cualquiera de los directores o integrantes de dichas sociedades, que hubiera resultado condenado por otro tipo de delitos, no importará su exclusión del negocio. Tampoco se prevé limitación alguna, para las personas que dependiendo de dichas empresas vigiladoras, materialicen la observación de imágenes y su almacenamiento.”
El plan divide la ciudad en cuatro zonas para el “monitoreo” de bienes oficiales, que en su mayoría son escuelas (90) y de todos los niveles (de jardines de infantes a secundarios), como el Otto Krause, Fernando Fader, Instituto Bernasconi y Lenguas Vivas, algunos de los colegios donde los alumnos tienen una activa participación en reclamos por becas o mejoras edilicias.
En el listado también hay hospitales, centros de salud, paradores para gente en situación de calle, museos, teatros, cementerios, el Parque Indoamericano (escenario de una trágica toma de tierras) y hasta predios donde funcionaron centros clandestinos de detención (Orletti, Club Atlético y El Olimpo) y ahora administra el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad.


Publicado el 11/8/2011 en Tiempo Argentino en: http://tiempo.elargentino.com/notas/padres-de-alumnos-presentaron-amparo-contra-camaras-escuelas
 

 

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